El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) gestiona, además de los célebres viajes a los que puede acogerse la tercera edad, las prestaciones no contributivas que se conceden a los ciudadanos que no tienen derecho a las pensiones contributivas. Es el caso de las pensiones no contributivas de jubilación, aquellas que se conceden a los trabajadores que no alcanzaron los objetivos de cotización necesarios para cobrar la pensión contributiva y que son, en rasgos generales, 15 años cotizados en total, de los cuales dos deben darse entre los últimos 15 previos a la solicitud de la pensión. Estas prestaciones se rigen por una cuantía concreta que va aumentando todos los años. Desde 2024, y fruto de la segunda pata de la ‘reforma Escrivá’ de las pensiones, se van adecuando a unos niveles concretos con el objetivo de que, en 2027, lleguen al 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal. El texto que desarrolla la reforma, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo (puede consultarlo en este enlace), también recoge hitos anuales, cantidades a las que tiene que llegar la cuantía de la pensión de año en año. Ya para 2025, claro está, hay uno. Este ha sido el cambio de este año: la pensión no contributiva «se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 30 por ciento la brecha que exista«. Esto, traducido en datos, ha dejado la cuantía de la pensión no contributiva de jubilación en 564,70 euros mensuales y 7.905,80 euros anuales. La pensión mínima del 25% asciende a 141,18 euros mensuales y 1.976,45 euros anuales, según recoge la página web del IMSERSO. Además, si coinciden varios beneficiarios de la misma pensión en la misma unidad de convivencia, existen dos opciones: si son dos las personas el importe para cada una de ellas será de 480 euros mensuales (6.719,93 euros anuales) y cuando coinciden tres o más el importe para cada una de ellas es de 451,76 euros mensuales (6.324,64 euros anuales).
